Discusión sobre el reajuste al salario mínimo

EL GOBIERNO ha vuelto a presentar un proyecto de reajuste del salario mínimo para elevar su monto, a contar del 1 de julio de 2013, de $ 193 mil a $ 207 mil, lo que corresponde a un incremento de 7,3 por ciento. La propuesta anterior -de     $ 205 mil- fue rechazada por los legisladores de oposición e independientes. La actual, que ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja con discusión inmediata, está siendo nuevamente rechazada por los diputados de la oposición, independientes e incluso de Renovación Nacional, mientras que la UDI ha hecho saber a La Moneda que no la defenderá, por lo que el Ejecutivo decidió quitarle urgencia y no parece tener viabilidad.

Es muy grave para los trabajadores de baja calificación laboral, que son los que se ven afectados por las decisiones en torno al salario mínimo, que la fijación de éste se transforme en una especie de test de la sensibilidad social del gobierno y de las fuerzas políticas. Hay una parte significativa de la fuerza laboral que por falta de calificación encuentra dificultades mayores para sostenerse en forma estable en un trabajo, y que vive enfrentada al riesgo de cesantía por dificultades para adaptarse a cambios en el mercado laboral y en la macroeconomía. Los expertos en el mercado laboral ya han concordado que la fijación del salario mínimo debe dejar de ser un elemento de negociación política, para evolucionar hacia un procedimiento técnico, que permita soluciones diferenciadas y que considere subsidios a la contratación de personas de baja productividad, todo integrado en un sistema orientado a profundizar su inserción laboral.

El gobierno intentó avanzar en un procedimiento más técnico, que podría ser el origen de un sistema que integra salarios mínimos y subsidios para promover la inclusión laboral. Pero los compromisos logrados han quedado postergados en medio de un ambiente que privilegia la discusión política del modo en que el Estado utiliza sus instrumentos, incluido el salario mínimo. Esto es muy negativo, pues ignora que, si bien un salario mínimo más alto beneficia a los trabajadores poco calificados que mantienen su empleo, extrema las dificultades de aquellos que quedan desempleados por tener una productividad inferior al nuevo salario mínimo. Para estos, al costo sicológico aparejado a la cesantía y a la pérdida severa de ingresos cuando quedan desocupados (a pesar de la existencia de un seguro de cesantía), se agrega una limitación a su capacidad de generar ingresos hacia el futuro -en la medida que se ven privados de la posibilidad de capacitarse en el trabajo- y una menor acumulación de recursos en el sistema previsional.

Vienen tiempos más difíciles, porque se agota una etapa marcada por precios externos y condiciones financieras extraordinarias, que van a debilitar la demanda por trabajo en el país. El desempeño reciente del mercado laboral parece irrepetible hacia el futuro. Todo indica que en el marco de la discusión actual, que reduce artificiosamente un problema importante y complejo a la definición de una cifra, un reajuste del salario mínimo prudente, como quiere hacer valer el gobierno, es más adecuado para enfrentar el futuro próximo sin crear dificultades adicionales a los trabajadores de menor calificación del país.

Fuente: www.latercera.cl